El gobierno de Javier Milei habilitó nuevamente la exportación de chatarra y residuos metálicos, una actividad que estaba prohibida desde hace quince años.
Prohibida desde 2009
Nación habilitó la exportación de chatarra y residuos metálicos
Federico Sturzenegger anunció la medida, que busca reactivar el mercado de reciclaje y eliminar restricciones en el sector, que rigieron durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández
El anuncio fue realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien calificó la restricción como una medida “nociva” para el mercado y el reciclaje.
La restricción inicial data de julio de 2009 y se renovó sucesivamente con normas de las administraciones de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
La normativa original tenía como objetivo fortalecer la industria siderúrgica local, que utiliza chatarra como insumo para la producción de acero y consideraban la medida como “necesaria” por “la falta de un abastecimiento fluido de estos materiales en el mercado interno".
Los decretos a los cuales se decidió no renovar los alcances son el 1040/20 y 70/23, que prohibían la exportación de desechos metales y no ferrosos.
Así, la administración libertaria busca reactivar el mercado de reciclaje a nivel nacional, mediante la apertura de oportunidades de negocio para pequeños productores y recicladores, y mayor incentivo para el tratamiento adecuado de residuos metálicos, generando una cadena de valor más eficiente.
La explicación de Sturzenegger
El ministro explicó en su cuenta de X que la medida responde a la visión del presidente Javier Milei sobre el rol del Estado:
“El poder del Estado no debe usarse para redistribuir arbitrariamente ingresos entre actores de un mercado”, sostuvo el funcionario.
Sturzenegger añadió que esta prohibición beneficiaba a los grandes procesadores de chatarra, pero perjudicaba a los productores más pequeños y limitaba el acceso al mercado internacional.
“El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos”, introdujo.
“Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, argumentó Sturzenneger.
“De esta manera esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos. La norma original fue de julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días. Pero como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (Cristina), 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (Macri), 1040/20 y 70/23 (Alberto)”, finalizó.
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