El pleno de 69 convencionales reformadores votará cambios profundos en el Poder Judicial de Santa Fe e incluso en el denominado servicio de justicia de la provincia que, desde 2025, tendrá nuevos órganos con reconocimiento constitucional para la acusación y la defensa.
Tramo final de la Constituyente
Convención Reformadora: más independencia para la justicia en el texto de la mayoría
Para nombrar jueces, fiscales y defensores las propuestas serán “vinculantes” para el Ejecutivo, que elevará pliegos a la Legislatura. Cambia el nombre de ese Consejo Asesor de carácter “técnico” para seleccionar candidatos.
La Comisión Redactora, en conjunto con la de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales, modificó aspectos sustanciales de los dictámenes de mayoría que habían acordado los bloques del oficialismo en la última.
Gracias a esos cambios, ahora existen mayores chances de que además de Unidos para Cambiar Santa Fe y el Frente de la Esperanza, al texto modificado también lo voten convencionales de Más para Santa Fe y Activemos, ambos del peronismo.
En general se trata de las últimas intervenciones posibles antes de su tratamiento por el plenario, que van en una sola dirección: dar más independencia a quienes forman parte del llamado “servicio de justicia”.
Esta última denominación es solo sociológica y no formará parte del nuevo texto constitucional, que hablará del Poder Judicial tal como se lo conoce hasta ahora, pero con un procurador general y procuradores que no tendrán dependencia de la Corte.
Fuera del Poder Judicial y como “órgano independiente” con autonomía funcional y autarquía económica se creará un Ministerio Público que reunirá a dos actores principales actuales del fuero penal: acusación y defensa.
El Ministerio Público de la Acusación y su par de la Defensa van a conducir el MP, pero sus miembros como ahora, podrán ser destituidos con intervención de legisladores.
Hoy es la Legislatura quien tiene en su poder la remoción de fiscales y defensores. Esa instancia cambia por un jury que se formará ante cada caso particular con magistrados, docentes de universidades nacionales santafesinas (UNL y UNR) y un representante del órgano al que pertenezca el encartado. La mayoría será de legisladores de ambas cámaras “con representación de la minoría”.
Menos arbitrariedad
En el futuro, contra lo que ha sucedido desde siempre en Santa Fe, el Poder Ejecutivo tendrá una menor discrecionalidad o arbitrariedad en el proceso previo al envío de pliegos de la Casa Gris a la Legislatura.
Hoy solo decretos de autolimitación de sucesivos gobernadores han permitido que se celebren concursos para que luego cada mandatario eleve pliegos con los propuestos a la Asamblea Legislativa.
En adelante, ese mecanismo seguirá igual, pero habrá un Consejo Asesor (su nombre era aún materia de debate) de carácter “técnico” y formado para cada caso con los actores del sistema de justicia, bajo la órbita del Ejecutivo.
Cambios madurados
Al mencionado Consejo se le dan más facultades que las que contaba en la versión inicial del dictamen de mayoría de la Comisión de Poder Judicial. Ahora sus propuestas tendrán carácter “vinculante”, palabra que se logró agregar al despacho de Unidos luego de no pocas reuniones puertas adentro del oficialismo y con su principal contraparte opositora, los bloques del peronismo representados por Más para Santa Fe y Activemos.
Los cambios en la dirección mencionada (dar más independencia a ese órgano técnico y así al proceso de selección de jueces, fiscales y defensores) crea mejores condiciones para que haya más votos que los necesarios para su aprobación
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