La reforma Penal Juvenil ingresó con cambios en financiamiento y edad de imputabilidad

El Poder Ejecutivo envió este lunes a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de Régimen Penal Juvenil. El texto conserva la propuesta presentada en 2024, pero con dos cambios clave respecto de la versión anterior: incluye un articulado que detalla la asignación presupuestaria necesaria para su implementación y baja a 13 años la edad de imputabilidad.

El dato presupuestario figura en el artículo 51. Allí se aclara que, para hacer efectiva la ley, se destinará un monto total de $23.739.155.303,08, con financiamiento desglosado entre el Ministerio de Justicia ($3.131.996.784,28) y la Defensoría General de la Nación ($20.607.158.518,80). En la versión previa, el punto fiscal se apoyaba más en fórmulas generales y facultades de readecuación de partidas, un esquema que venía siendo cuestionado incluso por la propia Casa Rosada cuando se trataba de leyes impulsadas por la oposición.

Con este nuevo texto, el Gobierno contempla un esquema para no acompañar a las provincias en la implementación, ya que deja abierta la posibilidad de convenios entre Nación y jurisdicciones para readecuar sistemas y, en caso de que se eleven costos por encima de lo presupuestado, un mecanismo para “convenir” la diferencia con el Estado central.

De 14 a 13

Por otra parte, el proyecto remitido por el Gobierno establece un régimen penal juvenil “aplicable a personas desde los 13 años hasta las 0 horas del día en que cumplan 18”, cuando fueran imputadas por delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales. Ese número —13— es el corazón político del texto y, al mismo tiempo, su principal obstáculo en el recinto.

Los bloques dialoguistas ya anticiparon al oficialismo que acompañarán la baja a 14, pero no a 13. Es la misma tensión que atravesó el debate previo: en mayo de 2025 se había logrado un dictamen de comisiones que incluía un umbral de 14 años, pero la iniciativa nunca llegó al recinto. Con la renovación parlamentaria, ese despacho cayó y ahora deberá firmarse uno nuevo.

En el oficialismo, sin embargo, la insistencia se mantiene. La discusión aparece corrida por el clima social y casos que volvieron a empujar el tema a la agenda, con eje en el homicidio de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe y que conmocionó al país.

Tratamiento exprés

Con extraordinarias en marcha, el oficialismo busca acelerar su tratamiento. El cronograma que se definió en Diputados apunta a dictaminar este mismo miércoles en un plenario de comisiones (Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda) y debatir el jueves en el recinto, con la ley penal juvenil como tema central de la jornada.

En la oposición hablan de avance “a libro cerrado” y que por su sensibilidad requiere otros tiempos. El oficialismo responde que es una ley ya discutida en 2024, con aval social y que su postergación es inevitable.

En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal” es uno de los problemas graves del país y que su abordaje requiere “una solución integral” que contemple no sólo lo punitivo, sino también medidas estatales para acompañar al adolescente “con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento”.

También apuntó contra la normativa vigente: la Ley 22.278, sancionada en 1980, “no responde” —según el texto— a principios reconocidos por la Constitución y la legislación internacional, por lo que se plantea sancionar una ley especial adecuada a la realidad actual. En ese marco, el Gobierno justificó que Argentina “se encuentra en minoría en la región” respecto del umbral de imputabilidad y enumeró las propias cifras de referencias del oficialismo: Chile, Colombia y Perú con 14; Guatemala, Nicaragua y Uruguay con 13; y Brasil y México con 12.

En la previa del debate, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la iniciativa en términos duros: “Un chico de 14 conoce perfectamente lo que hace”, dijo, y rechazó que se trate de una medida puramente punitivista. “Antes del delito fallaron las políticas públicas y la educación; luego del delito, el Estado debe poner un límite y dar una respuesta a la víctima”, planteó. En el oficialismo repiten que la ley busca terminar con la “puerta giratoria” y con un esquema que, a su entender, deja zonas de impunidad.