La Justicia de segunda instancia confirmó la prisión preventiva de Analía Capalbo (43), la mujer investigada por una serie de presuntas estafas vinculadas a la comercialización de paquetes turísticos que afectaron a numerosas familias de Santa Fe y la región.
Cámara de Apelaciones
Confirman la prisión preventiva para la mujer acusada de estafas con paquetes turísticos en Santa Fe
El tribunal de alzada rechazó el planteo de la defensa y ratificó la cautelar. La investigación reúne 37 hechos atribuidos a una operatoria que dejó a numerosas familias sin los viajes contratados y con pérdidas económicas que rondan los 34 millones de pesos.
La resolución fue dictada el viernes pasado por el juez del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia, Roberto Reyes, quien rechazó el recurso de apelación presentado por la defensora Abril Rico y ratificó la medida cautelar impuesta el pasado 8 de abril por el juez de primera instancia Nicolás Falkenberg.
La decisión fue notificada a las partes el mismo viernes, tres días después de la audiencia celebrada el martes 16 de junio en los tribunales santafesinos, donde participaron el fiscal de Cámara Carlos Arietti, la defensa y la propia imputada.
Argumentos de la defensa
Durante la audiencia, la defensa insistió en que Capalbo no actuó con intención de engañar a sus clientes y sostuvo que desconocía que los viajes contratados finalmente no podrían concretarse.
Rico reconoció la existencia de incumplimientos, pero afirmó que la actividad comercial tuvo una estructura real de funcionamiento. En ese sentido, destacó que de las cuentas de la imputada surgieron transferencias por aproximadamente 22 millones de pesos a prestadores de servicios turísticos.
Según la defensora, esos movimientos demuestran que existían costos y obligaciones vinculados a la organización de los viajes y descartan que se tratara de una maniobra concebida desde el inicio para defraudar a los clientes.
También recordó que Capalbo llevaba alrededor de diez años desempeñándose en la actividad sin antecedentes de conflictos similares y sostuvo que, ante los primeros inconvenientes, no existían razones para abandonar la operatoria.
La defensa agregó que la imputada reconoce las deudas generadas, estimadas actualmente en unos 34 millones de pesos, y mantiene la intención de restituir los importes adeudados a medida que logre reunir recursos económicos.
Con esos argumentos cuestionó la existencia de riesgos procesales concretos y señaló que, en caso de recaer una condena, ésta podría eventualmente ser de ejecución condicional. Como alternativa a la prisión preventiva ofreció una caución de 13 millones de pesos.
El rechazo de la Fiscalía
El fiscal de Cámara Carlos Arietti se opuso al pedido y sostuvo que los elementos reunidos hasta el momento permiten sostener la hipótesis de una maniobra defraudatoria sistemática.
Recordó que la investigación del Ministerio Público de la Acusación ya acumula 37 hechos de estafa y cuestionó las explicaciones brindadas respecto de las cancelaciones y postergaciones de los viajes.
"Sostener que por lluvias no podían realizarse los viajes resulta inaceptable", señaló durante la audiencia, al remarcar que las personas afectadas recibían sucesivas excusas sin obtener respuestas concretas ni el reintegro del dinero abonado.
El fiscal también puso de relieve la falta de respaldo empresarial de la actividad. Según expuso, no existía una empresa formalmente constituida detrás de la operatoria, sino una marca de fantasía utilizada para captar clientes mediante ofertas especialmente atractivas.
Arietti sostuvo además que la investigación detectó maniobras de simulación de identidades y otras conductas destinadas a sostener la apariencia de normal funcionamiento del emprendimiento, incluso con la posterior eliminación de perfiles en redes sociales.
Los fundamentos de la Cámara
Al resolver la apelación, el juez Reyes concluyó que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa inicial del proceso, la probable participación de la imputada en los hechos investigados.
En los fundamentos de su resolución sostuvo que "sin dudas existe la probable autoría de maniobras defraudatorias consistentes en recibir dinero a cambio de servicios que a sabiendas no habría de prestar".
El magistrado valoró la cantidad de hechos denunciados, los montos económicos comprometidos, el tiempo durante el cual se habrían desarrollado las maniobras y el perjuicio ocasionado a las víctimas.
También consideró relevante la utilización de publicidad y la promoción de viajes exitosos como mecanismos destinados a generar confianza entre los clientes.
Para el camarista, los elementos incorporados al expediente permiten inferir que la conducta investigada excede ampliamente la hipótesis de simples inconvenientes comerciales o incumplimientos ocasionales.
"De lo que surge en esta incipiente etapa del proceso", señaló, la imputada "habría obrado con aviesa intención de perjudicar a un importante número de personas".
Causa Maros
Reyes recuperó además criterios que ya había sostenido en 2017 al intervenir en una revisión de medidas cautelares vinculada al caso de la desaparecida agencia Maros, actualmente en juicio oral.
En aquella oportunidad había señalado que, cuando existe una importante cantidad de afectados y una significativa extensión del daño económico, resulta razonable prever que la acusación pueda impulsar una pretensión punitiva de cumplimiento efectivo.
Finalmente, descartó las medidas alternativas ofrecidas por la defensa al considerar que no resultan proporcionales frente a los riesgos procesales evaluados.
Con esos fundamentos, el tribunal unipersonal de apelación resolvió rechazar los agravios planteados por la defensa y confirmar la prisión preventiva que Capalbo cumple desde principio de abril, mientras continúa avanzando la investigación penal.
Una investigación en expansión
La causa comenzó a tomar forma a principios de este año, cuando empezaron a acumularse denuncias de personas que habían contratado paquetes turísticos promocionados a través de redes sociales y que, pese a haber abonado total o parcialmente los viajes, nunca lograron concretarlos ni recuperar el dinero invertido.
A partir de esos testimonios, la Fiscalía ordenó una serie de medidas investigativas que derivaron en allanamientos y, finalmente, en la detención de Analía Capalbo a fines de marzo.
La mujer fue imputada como presunta autora de 19 hechos de estafa. En aquella audiencia, el fiscal de la Oficina de Delitos Informáticos, Agustín Nigro, sostuvo que existían indicios suficientes para afirmar que ofrecía viajes turísticos que luego suspendía mediante excusas reiteradas, sin concretar las prestaciones comprometidas ni reintegrar los importes abonados.
Al momento de resolver sobre las medidas cautelares y tras escuchar a las partes, el juez Nicolás Falkenberg dispuso la prisión preventiva, medida que ahora fue ratificada por la Cámara.
La investigación continuó avanzando durante los meses siguientes con la recepción de nuevas denuncias y la incorporación de evidencia documental y testimonial. Como consecuencia de ello, el pasado viernes 12 de junio el fiscal Nigro amplió la atribución delictiva ante el juez Sergio Carraro, incorporando otros 18 hechos a los 19 que ya se encontraban bajo investigación.
De ese modo, la causa pasó a comprender 37 episodios presuntamente cometidos bajo una modalidad similar y un perjuicio económico estimado en más de 33 millones de pesos.
Aquella audiencia estuvo precedida por los testimonios de tres personas afectadas, quienes describieron ante el magistrado las consecuencias económicas y emocionales que provocaron las vacaciones frustradas.
Los relatos dieron cuenta de viajes contratados para grupos familiares completos, meses de planificación perdidos y expectativas truncas, especialmente entre niños que aguardaban las vacaciones prometidas.
Con la ampliación de la imputación ya formalizada y la prisión preventiva confirmada por la Cámara, la investigación continúa ahora enfocada en la recolección de nuevas evidencias y en la determinación definitiva del alcance de las maniobras atribuidas.
Sobre el Autor
#TEMAS:
