Seis efectivos de la Policía de Santa Fe fueron detenidos en el marco de la causa que investiga la muerte de Mauro Daniel González, a solicitud de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del doctor Ezequiel Hernández. Cinco de los arrestados pertenecen al Comando Radioeléctrico y el restante al Cuerpo Guardia de Infantería.
Conmoción en la fuerza
Seis policías fueron detenidos por la muerte de un hombre en la Comisaría 8va
La investigación por el fallecimiento de Mauro Daniel González (35), dio un giro decisivo con la detención de cinco efectivos del Comando Radioeléctrico y uno del Cuerpo Guardia de Infantería. El fiscal Ezequiel Hernández los imputará el viernes en una causa que investiga presuntos hechos de violencia institucional.
La medida judicial representa el avance más significativo desde el fallecimiento del hombre de 35 años, ocurrido en la madrugada del 18 de enero mientras permanecía alojado en un calabozo de la Comisaría 8va, en el norte de la capital provincial.
La familia sostiene desde el primer día que se trató de un caso de violencia institucional y atribuye la muerte a la brutalidad desplegada durante el procedimiento policial que culminó con su detención.
La denuncia impulsada por los familiares fue presentada ante el fiscal Hernández y, semanas atrás, recibió el respaldo institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que acompaña el proceso judicial mientras la familia interviene formalmente como querellante en el expediente.
Un procedimiento bajo la lupa
La reconstrucción del caso ubica el origen de la investigación en la tarde del 17 de enero, cuando Mauro Daniel González fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico frente a su vivienda de barrio Yapeyú, tras un llamado al sistema 911 que alertaba sobre un supuesto desorden en la vía pública.
Sin embargo, esa intervención es hoy uno de los principales focos de la pesquisa. La querella sostiene que la detención fue ilegal y estuvo acompañada por una violencia desmedida.
Testigos afirmaron haber observado golpes durante la reducción del hombre, mientras que cámaras de seguridad públicas y privadas habrían registrado distintos momentos del procedimiento. También forman parte del expediente fotografías y videos aportados por vecinos.
Tras ser trasladado a distintas dependencias, González fue examinado por un médico policial, quien dejó constancia de lesiones que demandarían aproximadamente siete días de recuperación. Posteriormente quedó alojado en la Seccional 8ª.
La muerte bajo custodia
Otro aspecto que concentra la investigación es lo ocurrido durante las horas posteriores al ingreso a la dependencia policial. De acuerdo con la reconstrucción del expediente, el entonces fiscal de turno había ordenado la libertad de González, decisión que fue comunicada a la comisaría alrededor de las 22.40. No obstante, la disposición nunca llegó a concretarse.
Ya en la madrugada del 18 de enero, cuando el personal se dirigió a notificarlo para efectivizar su liberación, el detenido no respondía a los estímulos.
El deceso fue constatado dentro del calabozo y la causa pasó inicialmente por la Fiscalía de Homicidios antes de ser remitida a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, donde se ordenó la aplicación del Protocolo de Minnesota para investigar muertes ocurridas bajo custodia estatal.
Mientras la autopsia y otras pericias continúan incorporándose al expediente, la querella insiste en que el análisis no debe limitarse al momento del fallecimiento, sino abarcar toda la secuencia: la detención, el traslado, la asistencia médica recibida y las eventuales omisiones de quienes tenían el deber de garantizar la integridad física del detenido.
Seis detenidos y una audiencia clave
En ese contexto se produjo la detención de los seis policías, quienes serán llevados el viernes a audiencia imputativa, instancia en la que el fiscal Hernández les comunicará formalmente los delitos que les atribuye y expondrá los elementos de prueba reunidos durante la investigación.
La causa ingresa así en una etapa decisiva. Más allá de las responsabilidades penales individuales que deberá determinar la Justicia, el expediente vuelve a colocar bajo examen el funcionamiento de los mecanismos de control sobre las fuerzas de seguridad y el tratamiento de las personas privadas de su libertad.
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